En medio de las tensiones persistentes entre París y Argel, la cuestión de la expulsión de ciudadanos argelinos sujetos a la Orden de Abandonar el Territorio Francés (OQTF) sigue siendo el epicentro de un intenso debate, alimentando fricciones diplomáticas entre ambos países. Aunque las cifras oficiales demuestran que las deportaciones hacia Argelia no se han detenido por completo — con 2.500 ciudadanos argelinos expulsados en 2024, según el gobierno francés — el verdadero punto de discordia radica en la negativa categórica de Argelia a aceptar ciertos perfiles de ciudadanos, en particular aquellos con antecedentes penales graves, con trastornos psiquiátricos o con vínculos con el terrorismo.
Esta postura, lejos de ser un simple capricho político, se basa en un principio inquebrantable de soberanía nacional: Argelia no tiene la obligación ni la vocación de convertirse en un vertedero de los elementos criminales o radicalizados que se formaron en suelo francés. Es una decisión legítima que refleja el compromiso del Estado argelino de proteger su seguridad interna y preservar su dignidad nacional.
Soberanía frente a exigencias irreales
Francia, atrapada entre una creciente retórica securitaria y la presión política en torno a la inmigración, parece cada vez más decidida a trasladar el peso de sus propios fracasos internos a Argelia. Incapaz de gestionar las consecuencias de sus propias políticas migratorias fallidas y la creciente radicalización en su territorio, París recurre a la presión diplomática para obligar a Argelia a recibir a individuos cuyo recorrido delictivo o extremista fue, en gran medida, forjado en la sociedad francesa.
El reciente atentado de Mulhouse, perpetrado por un ciudadano argelino bajo OQTF que Argelia se negó a aceptar hasta diez veces, según el ministro del Interior francés Bruno Retailleau, ha reavivado las tensiones bilaterales. Sin embargo, esta situación plantea una pregunta fundamental:
¿Por qué Argelia debería cargar con la responsabilidad de individuos que fueron moldeados por un entorno social, político y económico puramente francés?
La negativa de Argelia a aceptar criminales peligrosos, extremistas o binacionales despojados de su nacionalidad francesa es una posición que no solo es comprensible, sino legítima. La mayoría de estos individuos han pasado toda su vida en Francia, donde fueron educados, socializados y, en muchos casos, radicalizados. Como lo expresó claramente Frédéric Lauze, secretario general del Sindicato de Comisarios de Policía en Francia:
"Argelia no quiere recuperar a personas con antecedentes penales graves, problemas psiquiátricos o conocidos por actos de terrorismo."
Ningún Estado soberano puede aceptar individuos que representan una amenaza potencial para su seguridad, especialmente cuando esos individuos no tienen ninguna relación real con el país de origen.
Binacionales: Una injusticia disfrazada de legalidad
Uno de los aspectos más controvertidos de este conflicto es el uso cada vez más frecuente por parte de Francia de la retirada de la nacionalidad como herramienta para librarse de personas indeseables. Esta práctica afecta principalmente a los binacionales argelinos, transformando a Argelia en un destino forzado para personas que, en muchos casos, nunca han vivido en el país.
Estos individuos, aunque de ascendencia argelina, nacieron, estudiaron y crecieron en Francia. La gran mayoría no habla árabe ni amazigh, no tienen redes sociales ni familiares en Argelia y, por lo tanto, no poseen ninguna capacidad real de integración en la sociedad argelina.
Obligar a Argelia a aceptar a estas personas supone una flagrante negación de la realidad. ¿Cómo puede un Estado integrar a individuos que son completamente extranjeros desde el punto de vista cultural y social y que, además, constituyen una amenaza para la seguridad nacional?
Esta política, disfrazada de legalidad, no es más que una estrategia para exportar los problemas sociales de Francia hacia el sur del Mediterráneo.
Argelia, un Estado responsable, no un vertedero
El argumento de que Argelia bloquea sistemáticamente las deportaciones al negarse a emitir salvoconductos consulares es una afirmación exagerada y parcialmente falsa. Las cifras lo demuestran:
- En 2023, Argelia aceptó 2.562 deportados.
- En 2024, se recibieron 2.500 ciudadanos argelinos expulsados de Francia.
Estos datos reflejan claramente que Argelia coopera con Francia dentro de los límites de lo que considera compatible con su seguridad nacional. Sin embargo, esta cooperación no debe confundirse con sumisión.
Aceptar a individuos radicalizados o criminales reincidentes no es una simple formalidad administrativa, sino una bomba de tiempo que amenaza la estabilidad interna de un país que ya enfrenta importantes desafíos económicos y sociales.
Conveniente amnesia francesa
Francia parece olvidar que muchos de los individuos que hoy busca expulsar fueron víctimas de sus propios fracasos en las políticas de integración, del racismo institucional y de décadas de exclusión social.
La radicalización de estos jóvenes no tuvo lugar en los desiertos argelinos, sino en los suburbios marginalizados de Marsella, París y Lyon. Fueron moldeados por una sociedad que los condenó a la periferia, privada de oportunidades y marcada por la discriminación.
Entonces, ¿por qué debería Argelia pagar el precio de un problema social sobre el que no tiene ninguna influencia?
Una cuestión de dignidad nacional
Más allá de los aspectos legales y administrativos, esta crisis toca la fibra más sensible de la dignidad nacional argelina. Argelia, que ha luchado con sangre por su independencia, no puede aceptar que se la trate como un simple vertedero para los fracasos franceses.
La amenaza de Francia de revisar o cancelar los acuerdos migratorios de 1968 entre los dos países solo confirma una visión neocolonial de las relaciones bilaterales, basada en la imposición y no en la cooperación.
Una postura responsable, no intransigente
La negativa de Argelia a aceptar a terroristas y criminales peligrosos no refleja una actitud de intransigencia, sino un acto de responsabilidad soberana. Cada Estado tiene el derecho legítimo de filtrar quién entra en su territorio, especialmente cuando se trata de personas que representan una amenaza para la seguridad pública.
Si Francia ha fracasado en prevenir la radicalización y gestionar la integración social de su propia juventud, no puede esperar que Argelia pague por sus errores.
Conclusión: Argelia nunca será el vertedero de Francia
El actual enfrentamiento entre París y Argel no es solo una disputa administrativa, sino una lucha por la soberanía, la dignidad y la seguridad nacional.
La posición argelina es no solo legítima, sino indispensable para proteger la estabilidad interna del país frente a una política francesa que busca externalizar sus problemas internos.
Argelia no es, ni será jamás, el vertedero de Francia.
Si París quiere resolver la crisis de radicalización y exclusión social, debe buscar soluciones dentro de sus propias fronteras, en lugar de intentar exportar sus fracasos más allá del Mediterráneo.
La carga del fracaso debe recaer sobre quienes lo crearon — no sobre quienes se niegan a aceptarlo.
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