Ceuta: El informe español fabricado de la nada para culpar a Argelia de manipular a las multitudes marroquíes.
Un informe español, presentado como un estudio de seguridad y posteriormente difundido ampliamente en medios marroquíes e israelíes, señala a lo que denomina un «actor argelino» como uno de los principales nodos detrás de la ola de migración masiva hacia Ceuta los días 30 y 31 de julio. Un autor argelino sostiene que esta hipótesis no resiste un examen riguroso.
Sería fácil descartar este argumento como una mera defensa de parte. Precisamente por ello debe seguirse una regla sencilla: no añadir ningún hecho que no figure en el propio documento y no basarse en suposiciones ni interpretaciones. Leer el informe tal como está y juzgarlo únicamente por su contenido.
Y eso es más que suficiente, porque el propio informe termina desacreditándose a sí mismo.
Un documento con apariencia de inteligencia de seguridad
El informe consta de setenta páginas y fue elaborado por un analista español especializado en asuntos de seguridad. Lleva como fecha de cierre el 2 de agosto y su título hace referencia a una campaña de movilización digital relacionada con lo que describe como un «ataque y vulneración de la soberanía territorial de España» en Ceuta.
Por su forma, se asemeja a un documento de inteligencia: número de referencia, clasificación de «uso restringido», fichas de actores, mapas de relaciones y una metodología basada en inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) e inteligencia en redes sociales (SOCMINT). Paradójicamente, este documento supuestamente restringido fue publicado de forma abierta por su autor a través de su cuenta de LinkedIn.
No todo en el informe es cuestionable. Algunas partes parecen serias y coherentes. La cronología general de los acontecimientos resulta convincente y el análisis del papel desempeñado por las distintas plataformas digitales parece razonable: TikTok para captar atención, Facebook para construir comunidades y WhatsApp para la coordinación operativa. La comparación con los acontecimientos de Fnideq de septiembre de 2024 figura entre los apartados más sólidos del informe.
Los problemas comienzan en los capítulos ocho y nueve.
Dos capítulos completos están dedicados a lo que se denomina «Actor Operativo Nº 01», acompañado de una bandera argelina y un diagrama completo de relaciones. Sin embargo, toda esta construcción se basa únicamente en dos grupos de WhatsApp administrados por números que comienzan con el prefijo internacional +213.
Nada más.
La pieza central de la evidencia está ausente
El informe presenta lo que denomina «evidencias documentadas» relativas a los dos grupos de WhatsApp. Sin embargo, no se trata de capturas de pantalla originales. Han sido rediseñadas y reformateadas siguiendo la plantilla gráfica del propio informe, con fuentes, marcos y campos estandarizados.
En otras palabras, no se trata de pruebas brutas susceptibles de verificación independiente, sino de representaciones producidas por el propio analista.
No se proporciona ningún enlace de invitación que permita comprobar los datos. De hecho, el propio autor reconoce que los enlaces no son verificables. No existe un archivo independiente, ni una huella digital (hash), ni ningún mecanismo externo de validación. Más importante aún, el número telefónico sobre el que descansa toda la conclusión ha sido ocultado: «+213 6XX XXX XXX».
Aquí reside el problema fundamental.
Todas las acusaciones se basan en un supuesto número argelino, pero el propio número permanece oculto. El único elemento que permitiría verificar la afirmación es precisamente el que se ha sustraído al lector.
Por tanto, se pide al público que acepte la conclusión únicamente sobre la base de la autoridad del analista.
Esto constituye una grave debilidad metodológica.
La contradicción de «Djezzy»
La ficha principal presenta dos datos contiguos: el número comienza con +213 6XX y el operador aparece identificado como Djezzy.
Sin embargo, la distribución de los números móviles en Argelia es ampliamente conocida. Los números que comienzan por 06 o +2136 suelen estar asociados a Mobilis, mientras que los números de Djezzy suelen comenzar por 07 o +2137. Por su parte, Ooredoo utiliza generalmente los prefijos 05 o +2135.
Por consiguiente, un número que comienza con +2136 no coincide con su clasificación como línea de Djezzy.
Esto deja únicamente dos posibilidades:
- La identificación del operador es errónea, lo que significaría que el analista no realizó siquiera las verificaciones técnicas más básicas antes de construir dos capítulos enteros sobre esa base.
- El número mostrado en el informe no es el número real y ha sido reconstruido con fines de presentación.
En ambos casos, la credibilidad de la conclusión queda debilitada.
Surge entonces una pregunta sencilla: si el autor disponía de la información necesaria para identificar al operador, ¿por qué ocultó el número? Y si no la tenía, ¿cómo pudo identificar al operador?
¿Qué demuestra realmente un prefijo telefónico?
En el núcleo del problema existe una falacia lógica evidente: puesto que el número comienza por +213, su usuario debe de ser argelino y, por lo tanto, debe existir una implicación argelina en la operación.
Técnicamente, esta conclusión no se sostiene.
Un prefijo internacional únicamente indica el país donde la tarjeta SIM fue emitida originalmente. No demuestra la nacionalidad de la persona que la utiliza en la actualidad. Las tarjetas SIM pueden venderse, transferirse, reutilizarse y cambiar de manos, especialmente en entornos vinculados con la migración irregular.
Tampoco demuestra la ubicación geográfica del usuario. Una cuenta de WhatsApp permanece vinculada a su número de origen independientemente de que se utilice en Argelia, Francia o cualquier otro lugar del mundo.
Ni prueba la existencia de un papel político u organizativo. La presencia de ciudadanos argelinos en entornos relacionados con la migración es estadísticamente previsible, dada la participación argelina en las rutas migratorias del Mediterráneo occidental.
Más importante aún, el informe no examina seriamente ninguna de estas hipótesis alternativas, a pesar de que su propio apéndice metodológico hace referencia explícita a la «atribución mínima» y a la «validación cruzada».
De un número de teléfono a un «actor argelino»
La desviación más significativa respecto al rigor analítico aparece en el lenguaje empleado.
La ficha principal no describe un «grupo de WhatsApp» ni un «nodo de coordinación digital». En su lugar, identifica directamente a la entidad como «Actor Argelino (+213)».
Es aquí donde se produce el salto crítico.
Una vez asignada esa etiqueta, el informe atribuye a ese supuesto actor capacidades operativas como coordinación, movilización, adaptación y continuidad.
Sin embargo, la existencia de dicho actor nunca fue demostrada de manera independiente. Fue inferida exclusivamente a partir de un prefijo telefónico.
Si el informe hubiera empleado una denominación neutral como «Nodo de Coordinación WhatsApp Nº 1», el análisis técnico habría permanecido idéntico, mientras que las implicaciones geopolíticas habrían desaparecido.
Esto sugiere que la decisión más trascendental del informe no fue un hallazgo de inteligencia, sino una elección lingüística.
Un claro desequilibrio de escala
Las propias cifras del informe plantean otro problema.
Los grupos de Facebook analizados reunían más de 250.000 miembros. Algunas de las principales cuentas de TikTok superaban los 317.000 seguidores y acumulaban millones de visualizaciones.
Por el contrario, los dos grupos de WhatsApp utilizados para sostener la hipótesis de una implicación argelina sumaban únicamente 3.780 miembros.
Esto representa aproximadamente el 1,5 % del ecosistema digital documentado en el informe.
A pesar de ello, estos grupos recibieron dos capítulos completos, la única ficha de actor del documento y su principal diagrama de relaciones.
Mientras tanto, las redes marroquíes que el propio informe describe como el núcleo principal de la movilización no reciben un tratamiento comparable.
Esto parece responder menos a una elección analítica que a una decisión narrativa.
Múltiples contradicciones internas
El informe contiene una serie de inconsistencias cronológicas y factuales.
Se afirma en una sección que el primer grupo fue detectado el 28 de julio, mientras que su ficha indica que fue creado el 15 de julio. En otro apartado, sus orígenes se sitúan durante la primera semana de julio, mientras que un documento relacionado aparece fechado el 30 de julio.
El segundo grupo se presenta como prueba de adaptación ante el refuerzo de los controles en Ceuta. Sin embargo, los propios datos del informe indican que ya había sido documentado diez días antes de dichas medidas.
Existen además discrepancias relativas al número de seguidores de algunas cuentas y a la clasificación de ciertos grupos como abiertos o cerrados.
No se trata de detalles menores. Afectan directamente a los fundamentos mismos del análisis.
La ausencia de pruebas de atribución digital
Quizá lo más preocupante es que el informe parece no haber llevado a cabo casi ninguna de las pruebas habituales de atribución digital.
No hay búsquedas inversas de imágenes de perfil, ni comparación de alias entre plataformas, ni análisis del historial de cuentas, ni examen de metadatos de los archivos compartidos, ni análisis temporal de los patrones de publicación.
Por el contrario, el informe documenta elementos que apuntan hacia otra explicación, posiblemente más plausible: venta de trajes de neopreno, aletas y flotadores; compras colectivas de kayaks; e intercambios de información sobre rutas de paso y puntos de control.
Estos elementos parecen más compatibles con actividades de redes de tráfico y facilitación de la migración irregular.
Sin embargo, esta hipótesis apenas es discutida, a pesar de que encaja mejor con las evidencias presentadas.
Del informe a la narrativa mediática
Tras su publicación, varios medios de comunicación se hicieron eco del informe, entre ellos la plataforma española Atalayar.
A medida que el informe pasó al ámbito mediático, sus conclusiones fueron amplificándose.
Las cifras de audiencia aumentaron, la atención se desplazó desde la propia constatación del informe de que el centro principal de actividad se encontraba mayoritariamente en Marruecos, hacia cuentas vinculadas con Argelia, Túnez y Francia. Asimismo, aparecieron afirmaciones sobre supuestos patrocinadores oficiales del estudio, pese a que el documento original no contiene evidencias claras en ese sentido.
De este modo, una hipótesis frágil terminó transformándose en una narrativa política casi completa.
Conclusión
En última instancia, la acusación dirigida contra Argelia se basa esencialmente en un único prefijo telefónico asociado a un número oculto e imposible de verificar. El supuesto operador asignado a dicho número contradice la propia clasificación incluida en el informe, está vinculado a apenas el 1,5 % del entorno digital estudiado y nunca fue sometido a procedimientos estándar de atribución digital.
Una base de estas características difícilmente puede justificar la atribución de responsabilidad política o nacional a un Estado entero.
Lo que queda se parece menos a una demostración analítica que a una construcción narrativa: una bandera, una ficha de identificación, un diagrama de relaciones y una terminología cargada de implicaciones políticas muy superiores a lo que permiten los hechos presentados.
El problema es que este tipo de informes rara vez permanece confinado a sus páginas originales. Meses después son citados como referencia y, con el tiempo, terminan convirtiéndose en «hechos» aceptados, aunque su fundamento inicial no haya sido nunca demostrado de manera científica ni metodológica.
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