La afirmación de que Marruecos no desempeña el papel de «gendarme de Europa» difícilmente resiste un examen riguroso de los hechos. Desde hace más de una década, la Unión Europea ha invertido masivamente en el fortalecimiento de las capacidades marroquíes de control fronterizo, movilizando cientos de millones de euros en el marco de la gestión migratoria, de los cuales una parte predominante se destina a dispositivos de seguridad y vigilancia.
Estos fondos no son fruto del azar ni de la filantropía. Forman parte de una estrategia claramente asumida de externalización del control migratorio europeo, que ha convertido a Marruecos en uno de los pilares de la política de contención de los flujos migratorios a las puertas del continente. Rabat se ha transformado así en un socio indispensable de un sistema cuyo objetivo principal es mantener la presión migratoria lejos de las fronteras europeas.
Por el contrario, Argelia no se beneficia de ningún mecanismo comparable. No recibe financiación europea dedicada a la vigilancia de sus fronteras y nunca ha aceptado delegar su política migratoria a intereses externos. Argel ha optado por una gestión soberana de esta cuestión estratégica, asumiendo por sí sola los costes y las responsabilidades que ello implica.
Esta diferencia refleja dos visiones profundamente distintas: por un lado, una asociación estrechamente financiada entre Rabat y Bruselas en torno a la gestión migratoria; por otro, un enfoque argelino basado en la independencia en la toma de decisiones y la preservación de su soberanía.
I. El desmentido oficial frente a la realidad de las cifras
La posición defendida por la fuente gubernamental marroquí citada por Assahifa responde a una estrategia de comunicación bien conocida: negar la dimensión transaccional de una relación precisamente cuando esta se vuelve más evidente.
Sostener que las ayudas europeas «nunca han constituido el motor de la acción de Marruecos» equivale a ignorar una arquitectura financiera sólidamente documentada. El propio Ministerio marroquí del Interior estima en cerca de 100 millones de euros anuales el coste del control de las fronteras. A este gasto nacional se añaden importantes contribuciones europeas estructuradas a través de varios programas: 500 millones de euros previstos para el período 2021-2027 en materia de cooperación migratoria, 152 millones de euros destinados al refuerzo del control fronterizo en virtud de un acuerdo firmado en 2023 y más de 170 millones de euros desembolsados entre 2020 y 2022 para sistemas de vigilancia.
Más revelador aún, diversos análisis destacan que aproximadamente el 80 % de estos recursos se orientan hacia la seguridad y el control de los flujos migratorios, más que hacia la integración o la protección de los migrantes. En otras palabras, lo que Bruselas financia prioritariamente no es una política humanitaria, sino un servicio de control y disuasión migratoria.
II. Una frontera convertida en instrumento diplomático
Sin embargo, la cuestión de fondo va mucho más allá del aspecto financiero.
En Marruecos, la frontera ya no es simplemente un espacio que debe ser vigilado; se ha convertido en un instrumento político susceptible de ser activado o relajado en función de las circunstancias diplomáticas.
Los precedentes observados durante los últimos años muestran una notable continuidad:
En 2019, el cierre del puesto comercial de Fnideq, oficialmente justificado por la lucha contra el contrabando, tuvo lugar en un contexto de tensiones con España en torno a la cuestión del Sáhara Occidental, con importantes consecuencias económicas para las poblaciones locales.
En mayo de 2021, entre 8.000 y 10.000 migrantes cruzaron la frontera de Ceuta en cuestión de horas tras una relajación manifiesta de los controles marroquíes, consecuencia de la acogida en España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario. Algunos meses después, Madrid llevó a cabo un espectacular cambio de postura diplomática respecto a la cuestión saharaui.
En 2026, un nuevo episodio de presión migratoria afectó al enclave de Ceuta en un contexto marcado por el acercamiento entre Argel y Madrid y por la visita del presidente del Gobierno español a Argelia.
Tomados de forma aislada, cada uno de estos acontecimientos puede dar lugar a interpretaciones diversas. No obstante, considerados en conjunto, parecen dibujar una lógica coherente: la frontera aparece no solo como un servicio financiado por Europa, sino también como una herramienta de negociación susceptible de ser utilizada según las circunstancias políticas.
La paradoja es evidente: Rabat recibe financiación por contribuir al control migratorio y, al mismo tiempo, conserva la capacidad de modular la eficacia de dicho control cuando sus intereses diplomáticos así lo exigen. La frontera se convierte simultáneamente en una fuente de ingresos y en un instrumento de presión.
III. La excepción argelina
Esta lógica contrasta fuertemente con el enfoque argelino.
Argelia nunca ha integrado la gestión migratoria en una relación de dependencia financiera con la Unión Europea. No recibe ninguna compensación comparable por la vigilancia de sus fronteras terrestres y marítimas y nunca ha utilizado los movimientos migratorios como herramienta de negociación diplomática.
Esta elección implica naturalmente un importante coste presupuestario. También priva a Argel de las ventajas financieras y políticas asociadas a este tipo de asociaciones. Sin embargo, ofrece una contrapartida fundamental: la preservación de la autonomía estratégica.
La gestión de las fronteras argelinas sigue estando determinada exclusivamente por prioridades nacionales, sin condicionamientos externos ni dependencia de una renta securitaria periódicamente renegociada con socios extranjeros.
IV. Lo que el relato oficial evita cuidadosamente abordar
Al presentar la asociación migratoria con la Unión Europea como una relación desequilibrada y desfavorable para Marruecos, el discurso oficial tiende a invertir la realidad de la correlación de fuerzas.
Porque la cuestión no consiste únicamente en saber si Europa utiliza a Marruecos. También implica reconocer que Marruecos ha convertido su posición geográfica y su papel en el control migratorio en un activo estratégico susceptible de ser valorizado tanto financiera como diplomáticamente.
Por ello, las declaraciones que rechazan la etiqueta de «gendarme de Europa» parecen menos una refutación de los hechos que un intento de ocultar una realidad cada vez más difícil de cuestionar: la existencia de una interdependencia estructurada en la que la financiación europea y la capacidad de presión migratoria constituyen las dos caras de un mismo mecanismo.
En definitiva, el debate ya no gira en torno a la existencia de esta relación, ampliamente documentada, sino sobre la manera de denominarla. Mientras algunos hablan de una asociación estratégica, otros ven en ella la contractualización de una función de seguridad que Marruecos monetiza ante Europa, reservándose al mismo tiempo el derecho de convertirla en un instrumento diplomático cuando sus intereses así lo requieran.
Belgacem Merbah
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